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El CGPJ y la AEPD colaborarán en las inspecciones de órganos judiciales en materia de protección de datos

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, han suscrito hoy un convenio de colaboración entre la AEPD y el CGPJ en las diversas tareas que, como autoridades de control, deben llevar a cabo y, en especial, sobre la inspección de órganos judiciales en materia de protección de datos.

El convenio establece mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para el desarrollo de investigaciones por posible infracción de la normativa de protección de datos.

El Consejo General del Poder Judicial es la institución competente en relación con los tratamientos de datos efectuados con fines jurisdiccionales  en ficheros de esta naturaleza; mientras que los tratamientos de datos no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros son competencia de la Agencia Española de Protección de Datos.

En el supuesto de ficheros jurisdiccionales, el CGPJ notificará a la AEPD su intención de iniciar una inspección a un determinado órgano judicial para investigar si existe una posible infracción del derecho a la protección de datos. Los inspectores del CGPJ realizarán la visita de inspección acompañados de inspectores de la AEPD, que prestarán la asistencia técnica requerida, sin que ello suponga asunción de ninguna competencia en la materia.

De igual manera, cuando se trate de ficheros no jurisdiccionales, la AEPD comunicará al CGPJ su intención de inspeccionar un determinado órgano judicial ante una posible infracción de la normativa de protección de datos. Los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos llevarán a cabo la inspección acompañados de inspectores del CGPJ.

En caso de que existieran indicios suficientes que determinaran la apertura de un expediente por la posible participación de un miembro de la Carrera Judicial en la infracción de la normativa de protección de datos, la incoación y tramitación del mismo corresponderá en exclusiva al CGPJ.

El Convenio suscrito hoy recoge igualmente la colaboración entre ambas instituciones en la elaboración de Códigos de buenas prácticas para Usuarios de los Sistemas de Información de la Administración de Justicia, que ayuden a cumplir con las obligaciones de responsabilidad activa que introduce el Reglamento General de Protección de Datos.

Finalmente, el texto recoge el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de formación sobre normativa española y comunitaria de protección de datos, en especial el Reglamento General (UE) 2016/679 y la Directiva de la Unión Europea relativa a la protección de datos de personas físicas en los ámbitos policial y judicial penal.

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FUENTE ORIGINAL: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El CGPJ pide eliminar los datos privados de los jueces en las resoluciones electrónicas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado hoy a las administraciones públicas que se adopten las medidas necesarias para evitar que aparezcan el DNI y correo electrónico de los jueces en las resoluciones electrónicas, como ocurre en provincias como Guadalajara.

La Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido hoy de manera extraordinaria para abordar las quejas presentadas por cuatro asociaciones judiciales y por la Junta de Jueces de Guadalajara ante la aparición de datos privados de los magistrados en las resoluciones electrónicas.

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FUENTE: EL DIARIO.ES

El CGPJ avala por la mínima destapar públicamente a los defraudadores fiscales

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha tenido que hacer uso de su voto de calidad para sacar adelante el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a las sentencias en materia de fraude fiscal. El texto avala la publicación de resoluciones condenatorias firmes cuando el delito tenga por perjudicado a la Hacienda Pública al considerar que «sirve a un interés general».

Tras un Pleno que se ha prolongado durante casi cuatro horas, la propuesta de informe, de la que ha sido ponente el vocal Gerardo Martínez Tristán, ha salido adelante con el voto en contra de diez vocales y uno en blanco. Aunque con algunos retoques, ese borrador se mantiene intacto en lo fundamental, que es el carácter público del acceso al fallo de esas sentencias y un extracto de las mismas en el BOE. El objetivo de esta publicación, señala el texto, es impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, e incrementar la transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas y, especialmente, de las actuaciones judiciales en ese ámbito, informaron fuentes del Consejo.

Frente a los vocales que abogan por que se conozca al defraudador, los vocales que han votado en contra del texto sostienen que hacer públicos estos datos puede afectar a sus derechos individuales al honor, intimidad y protección de datos de la persona condenada.

El informe aprobado sometido a debate señala que «puede decirse que la regulación proyectada sirve a un interés general, dado que con ella se pretenden alcanzar determinados objetivos amparados constitucionalmente, y que no se proyecta sobre toda condena penal, sino sobre aquellas referidas a fraude fiscal». También a las derivadas de los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y contrabando que tienen como sujeto perjudicado a la Hacienda Pública, es decir, delitos que tienen una incidencia clara y manifiesta en el cumplimiento del deber constitucional contemplado en el artículo 31 de la Constitución Española». Este precepto establece que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributaria inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

Información de relevancia pública

La propuesta de informe señala que la divulgación de los datos a los que hace referencia el anteproyecto cumple tanto con el requisito constitucional de veracidad como el acuñado jurisprudencialmente de la relevancia pública de la información.

Así, afirma que «la sentencia penal firme goza de veracidad, dado que se publicarán datos extraídos de lo considerado probado en la sentencia, lo que sin duda constituye una verdad jurídica formal» y que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional se trata de una información de relevancia pública.

El texto, por último, señala que la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, excluye la necesidad de consentimiento del afectado para la recepción y tratamiento de los datos cuando éstos figuren en fuentes accesibles al público o cuando su comunicación esté autorizada por la ley.

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FUENTE ORIGINAL: ABC.ES